Desde octubre 1992, nueve meses después de la firma de los Acuerdos de Paz, empezaron a promover y facilitar el desarrollo local en municipios pobres, la mayoría en la zona rural del país, en departamentos afectados por el conflicto armado (Chalatenango, Morazán y Usulután), éste último también destruido por los terremotos de enero y febrero de 2001.
Su acción se basa en una estrategia para que municipios y micro-regiones impulsen sus procesos participativos de desarrollo local. Estos procesos buscan cambiar la forma de relación entre gobierno y población, involucrar a la gente en las decisiones que definan el rumbo del proceso, generar una dinámica de coordinación y concertación en torno al interés común del municipio o micro-región.
Con este marco, desea planificar el desarrollo del territorio y constituir instancias de participación y concertación permanentes que garanticen la continuidad del proceso aunque haya cambios en la administración municipal.
Este proceso construye mecanismos para ejercer la democracia y posibilitar gobernabilidad. Ahora trabajan en 25 de los 262 municipios del país. Durante los próximos 3 años, gracias a distintas ayudas, se concentrarán en fortalecer la institucionalidad de los procesos micro-regionales que apoyan y su coordinación con otras micro-regiones, apoyar alternativas para el desarrollo económico local e incrementar y cualificar el liderazgo, principalmente con mujeres y jóvenes.
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